Espectro Radioeléctrico: Disminución Tardía e Insuficiente
La iniciativa de Ley Federal de Derechos (LFD) para 2027 introduce un cambio relevante en la política de cobro por el uso del espectro radioeléctrico en México, al proponer una reducción de 12% en las cuotas correspondientes a diversas bandas (800/850 MHz, Banda L, AWS, PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz).
La medida debe reconocerse como un paso si bien tardío e insuficiente, en la dirección correcta para corregir una estructura de costos por demás gravosa que durante años ha representado ha frenado la inversión, la expansión de cobertura y el desarrollo de nuevas redes.
Más aún, un espectro excesivamente caro termina mermando la conectividad de los usuarios y reduce los incentivos para participar en futuras licitaciones.
Ahorros para inversión en infraestructura. La reducción propuesta no es únicamente un ajuste porcentual sobre el papel. Al trasladarla a la tenencia de espectro actualmente en uso por los operadores, representa un ahorro nominal anual relevante para la industria.
De acuerdo con estimaciones realizadas para dimensionar el impacto, el recorte de 12% implicaría un ahorro de alrededor de $2,250 millones de pesos (mdp) al año, aplicable a los principales operadores conforme a sus respectivas tenencias de espectro.
En el caso de Telcel la cifra ascendería a $1,240 mdp anuales, mientras que para AT&T los ahorros serían de $1,010 mdp al año. Estos recursos dejarían de destinarse al pago de derechos y podrían, potencialmente, fortalecer la capacidad financiera para realizar inversiones en infraestructura, ampliar cobertura y acelerar la evolución tecnológica de las redes.
Este efecto es particularmente importante en un mercado que requiere inversiones suficientes para atender la creciente demanda de datos y avanzar en el despliegue de tecnologías de quinta generación (5G).
Espectro reducido pero caro aún. Sin embargo, sería un error considerar que esta reducción resuelve el problema estructural del costo del espectro en México.
El análisis comparativo realizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) muestra que existen diferencias importantes frente al comparativo internacional.
En particular, AWS/PCS y 2.5 GHz mantienen los mayores sobreprecios (+93% y +83%, respectivamente), mientras que 3.5 GHz también permanece (+24%) por encima de la mediana internacional. La propia comparación muestra que el costo promedio de las bandas en México es 27% superior al referente internacional.
Incluso después de aplicar la reducción de 12%, algunas de estas bandas continuarían registrando brechas muy significativas frente al benchmark internacional.
Esto confirma que el ajuste de 2027 debe entenderse como un primer paso y no como la solución definitiva.
Nuevos mecanismos compensatorios. La iniciativa incorpora, además, un mecanismo para otorgar descuentos de hasta 100% sobre los derechos a cambio del cumplimiento de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos prioritarios.
Esto abre una oportunidad para utilizar el espectro no solamente como fuente de ingresos públicos, sino como verdadero instrumento de política pública para cerrar brechas de conectividad.
El cambio de enfoque es fundamental. La experiencia de los últimos años muestra que maximizar el cobro por las frecuencias no ha optimizado la recaudación. Cuando los precios se vuelven prohibitivos, se reduce el interés por adquirir espectro, se devuelven frecuencias y se limita la inversión.
La iniciativa representa un cambio positivo en la política de derechos por el uso del espectro.
Sin embargo, al tratarse todavía de una propuesta, existe espacio para que durante el proceso legislativo se evalúe una reducción mayor, particularmente en aquellas bandas donde, aun con el ajuste planteado, persisten brechas relevantes frente a las referencias internacionales.
Una disminución adicional permitiría liberar mayores recursos para infraestructura y, al mismo tiempo, fortalecer los incentivos para futuras asignaciones de espectro.