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La importancia de las Consultas Públicas radica en la posibilidad de generar un instrumento adicional de recopilación de información, una perspectiva de análisis distinta y una consecuente formación de criterio para la resolución de instituciones y órganos reguladores. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “las consultas públicas promueven dos importantes objetivos regulatorios. Primero, le brindan al regulador una valiosa aportación de los miembros de la industria y otras partes interesadas. Por lo tanto, las consultas públicas ayudan a los reguladores a tomar decisiones informadas. En segundo lugar, las consultas públicas ayudan a fomentar un entorno regulatorio transparente.”[1]
Al primer trimestre de 2019 (1T19), se contabilizaron 22.0 millones de suscriptores móviles en la modalidad de postpago, 18.2% del total y equivalente a un crecimiento interanual de 4.9%, una ligera desaceleración respecto al ritmo registrado durante 2017 y 2018. Ello es atribuible a la consolidación de ofertas comerciales atractivas en términos de: mayor disponibilidad de datos móviles (MB), datos ilimitados en mensajería instantánea y redes sociales, la suscripción gratuita o a precio preferencial a plataformas de video o audio bajo demanda, la eliminación de plazos forzosos, además de facilidades de pago y subsidio a equipos.
Históricamente, México se caracterizó por registrar los precios de telecomunicaciones más altos entre países de la OCDE y de los más altos del mundo. En años anteriores tuvo lugar una ganancia en competitividad tarifaria por la disminución significativa del INPC en su componente de Telecomunicaciones.
En búsqueda de realizar un proceso de transparencia y promover la participación de todos los interesados y agentes participantes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió por segunda ocasión su consulta pública sobre la efectividad de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante en el Sector de Telecomunicaciones (AEP-T).
En los cinco años pasados, la política sectorial emprendió un esfuerzo por aproximar al sector de telecomunicaciones a un escenario de competencia efectiva. Ello a partir de la definición de un Agente Económico Preponderante y la determinación de medidas de regulación asimétricas aplicables a éste desde marzo de 2014.
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